Por Lidia “Pinky” Satragno -

Cinco millones de jubilados enfrentados a cinco millones de niños por $ 180 por mes. Ese parece ser el saldo de la medida tomada recientemente: Si los cobran unos, no los cobran los otros.

A medida que van pasando las horas, queda cada vez más claro que la medida dispuesta mediante decreto de necesidad y urgencia 1602, para modificar la ley de jubilaciones aprobada el año pasado, significa ante todo una fenomenal transferencia de recursos entre sectores de alta vulnerabilidad como los son los niños y los abuelos.

Tal como es costumbre del Poder Ejecutivo, mediante un procedimiento auto-referenciado que no tiene en cuenta las múltiples propuestas parlamentarias y extra-parlamentarias existentes, decidió que serían los jubilados (actuales y futuros) quienes pondrían los fondos para acallar el clamor por mejoras en las políticas sociales.

Pero eso no es todo, según confirmó el Ministro de Economía en declaraciones al diario Página 12, “El costo adicional por otorgar una asignación de $ 180 a los hijos de desocupados y empleados en negro de bajos salarios no será de $ 9.965 millones, como se informó oficialmente el jueves al lanzar el plan, sino la mitad: unos $ 5.000 millones. Y esa diferencia de $ 5.000 millones quedará para el Fisco”.

El procedimiento por el cual el Tesoro descargará todo el pago sobre la ANSeS es el siguiente: de la recaudación de impuestos, el Tesoro Nacional, y en menor medida el de algunas provincias, paga diversos subsidios vinculados a la niñez, como el Plan Familias o Jefes de Hogar, por un total $ 5.000 millones. Esos planes van a ser reconvertidos a la nueva asignación y se sumarán nuevos beneficiarios, pero sin que la Nación y las Provincias transfieran a la ANSeS las partidas presupuestarias de los planes que hasta ahora pagan. Así, el Tesoro Nacional y de Provincias se quedan con $ 5.000 millones que podrá destinar a otros fines.

Más allá de los innegables fundamentos de equidad que sostienen los argumentos en que se basa el decreto 1602, es innegable también, el hecho de que la medida favorece lo que se llama comúnmente “LA CAJA” en perjuicio de los actuales y de los futuros jubilados y obliga a la pregunta: ¿Hay que matar al abuelito?

Pinky Satragno es diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires

Etiquetas: abuelito, al, decreto, matar, necesidad, por, urgencia

Esta nota fue publicada en Salta Noticias el Martes 3 de Noviembre de 2009 a las 9:54 pm y pertenece a la categoria Editoriales.
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